Qué es un cierre de gobierno en Estados Unidos y cómo funciona

Un cierre de gobierno en Estados Unidos, conocido como government shutdown, ocurre cuando vence el financiamiento autorizado para determinadas agencias o programas federales y todavía no se ha aprobado una nueva ley que permita seguir financiándolos. En la práctica, esto puede obligar a suspender temporalmente parte de las actividades del gobierno hasta que el Congreso y el presidente aprueben los recursos necesarios.

El gobierno federal funciona con un año fiscal que comienza el 1 de octubre. Buena parte de sus actividades se financia mediante leyes de asignaciones presupuestarias que el Congreso debe aprobar periódicamente. Cuando esas leyes no están listas a tiempo, es común utilizar una continuing resolution o resolución temporal, que mantiene el financiamiento durante un periodo adicional. Si tampoco existe esa extensión y los recursos autorizados se agotan, se produce una interrupción de las asignaciones, conocida como lapse in appropriations, y las agencias afectadas deben comenzar a cerrar las actividades que legalmente no pueden continuar.

La palabra shutdown puede dar la impresión de que todo el gobierno se paraliza, pero normalmente no ocurre así. Algunas agencias pueden disponer de otras fuentes de financiamiento y determinadas funciones están autorizadas a continuar incluso durante una interrupción presupuestaria. La ley también contempla excepciones para ciertas actividades necesarias para proteger la vida humana o la propiedad del gobierno. Por eso, el impacto de un cierre puede ser muy diferente de una agencia a otra.

Qué ocurre con los servicios y los empleados

Durante un cierre, algunas actividades administrativas se suspenden, otras continúan con menos personal y otras pueden funcionar prácticamente con normalidad porque cuentan con financiamiento separado. La tramitación de permisos, subvenciones, investigaciones, contratos, servicios en parques nacionales y distintos procesos administrativos pueden sufrir retrasos dependiendo de qué agencias estén afectadas y de cómo estén financiadas.

Los empleados federales también pueden quedar en situaciones diferentes. Algunos son enviados temporalmente a furlough, lo que significa que dejan de trabajar durante el cierre. Otros son clasificados como empleados excepted y deben continuar trabajando porque desempeñan funciones que pueden seguir legalmente durante la interrupción. En ese caso, el pago puede quedar retrasado hasta que vuelva a existir financiamiento.

Desde la aprobación de la Government Employee Fair Treatment Act de 2019, los empleados federales afectados por un cierre tienen derecho al pago retroactivo correspondiente una vez que termina la interrupción de las asignaciones. Esto incluye tanto a los empleados enviados a furlough como a quienes continuaron trabajando en funciones exceptuadas.

Los contratistas privados se encuentran en una situación diferente. Dependiendo del contrato y de la agencia involucrada, algunos proyectos pueden detenerse o retrasarse, y las empresas no necesariamente reciben una compensación equivalente por toda la actividad perdida durante el cierre. Esta es una de las razones por las que los efectos pueden extenderse más allá de los propios empleados federales.

Cómo puede afectar un cierre a la economía

El impacto económico depende principalmente de cuánto dure el cierre, qué partes del gobierno estén afectadas y cuánto gasto se retrase. Una parte de la actividad suele recuperarse una vez que las agencias reabren, porque se pagan salarios atrasados, se reanudan compras y contratos y vuelven a prestarse servicios que habían quedado pendientes. Sin embargo, no toda la actividad perdida necesariamente se recupera.

Un buen ejemplo ocurrió durante el cierre parcial de 2018-2019. La Congressional Budget Office estimó que el nivel del PIB real fue aproximadamente $3.000 millones menor en el cuarto trimestre de 2018 y $8.000 millones menor en el primer trimestre de 2019 de lo que habría sido sin el cierre. La mayor parte de esa actividad se recuperó posteriormente, pero CBO calculó que alrededor de $3.000 millones no se recuperarían.

El cierre de 2025 produjo un efecto parecido en términos generales. CBO concluyó que la interrupción redujo la producción económica durante el cuarto trimestre de 2025 porque se prestaron menos servicios federales, se retrasaron compras y transferencias y disminuyó temporalmente parte de la actividad privada. Al reanudarse las operaciones, una porción importante de ese gasto y de esa actividad se trasladó al primer trimestre de 2026.

Por eso, cuando se habla del “costo” de un cierre conviene diferenciar entre actividad económica que simplemente se retrasa y actividad que se pierde de forma permanente. Una cifra aislada puede dar la impresión de que todo el impacto desaparece para siempre, cuando en realidad una parte puede recuperarse posteriormente.

Los cierres más importantes de las últimas décadas

Estados Unidos ha atravesado varios cierres desde que las reglas modernas sobre interrupciones presupuestarias comenzaron a aplicarse de forma más estricta. Algunos han durado apenas unos días, mientras otros se han convertido en enfrentamientos prolongados.

Entre 1995 y 1996, durante la presidencia de Bill Clinton, se produjeron dos cierres separados. El primero duró cinco días completos en noviembre de 1995 y el segundo se extendió durante 21 días entre diciembre de 1995 y enero de 1996. Ambos formaron parte de una disputa más amplia sobre el financiamiento del gobierno federal.

En 2013, el gobierno permaneció parcialmente cerrado durante 16 días. El conflicto surgió después de que no se aprobara a tiempo una medida temporal de financiamiento para el nuevo año fiscal y estuvo acompañado por desacuerdos sobre disposiciones relacionadas con la Affordable Care Act.

El cierre parcial de 2018-2019 comenzó el 22 de diciembre de 2018 y terminó el 25 de enero de 2019, después de 35 días. Solo una parte del gobierno estaba afectada porque varias leyes de asignaciones ya habían sido aprobadas. Uno de los principales puntos de desacuerdo fue el nivel de financiamiento destinado a barreras en la frontera con México.

Ese récord fue superado en 2025. Al comenzar el año fiscal 2026, ninguna de las 12 leyes regulares de asignaciones ni una resolución temporal habían proporcionado financiamiento para las agencias correspondientes, por lo que el cierre comenzó el 1 de octubre de 2025. La interrupción continuó hasta el 11 de noviembre, un periodo de 42 días, y terminó cuando se restableció el financiamiento. Fue el cierre más prolongado registrado hasta ese momento.

La duración de ese episodio permitió observar con mayor claridad cómo un cierre prolongado puede acumular retrasos en servicios, contratos, pagos y actividad económica. CBO estimó durante el propio cierre que buena parte de sus efectos se revertiría cuando las operaciones se reanudaran, aunque algunas pérdidas económicas no se recuperarían por completo.

Cierre de gobierno y techo de deuda no son lo mismo

El cierre de gobierno suele confundirse con el techo de deuda, especialmente porque ambos temas pueden aparecer al mismo tiempo en una negociación política. Sin embargo, responden a problemas diferentes.

Un cierre ocurre cuando determinadas agencias se quedan sin las asignaciones presupuestarias necesarias para continuar financiando sus actividades. El techo de deuda, en cambio, limita cuánto puede endeudarse el gobierno federal para cumplir obligaciones que ya existen.

Esto significa que Estados Unidos puede atravesar un cierre sin haber alcanzado el techo de deuda, y también puede acercarse al techo sin que exista un cierre del gobierno. En algunos episodios, como ocurrió en 2013, ambos problemas coincidieron en el tiempo y eso hizo que fueran fáciles de confundir.

La diferencia es importante porque también cambia la naturaleza del riesgo. Un cierre afecta principalmente la operación de las agencias y los servicios financiados mediante las asignaciones que han vencido. Una crisis del techo de deuda puede llegar a comprometer la capacidad del Tesoro para cumplir obligaciones del gobierno de una manera mucho más amplia.

Los cierres de gobierno forman parte del funcionamiento particular del sistema presupuestario estadounidense y pueden variar mucho en duración y alcance. Algunos terminan rápidamente y dejan efectos relativamente limitados; otros se prolongan lo suficiente como para afectar empleados, empresas, servicios públicos y actividad económica. El cierre de 2025 mostró hasta dónde puede extenderse una interrupción cuando el acuerdo presupuestario tarda en llegar y se convirtió en el episodio más largo registrado hasta ahora.